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Ley de amnistía: Criminalización del Chavismo y promoción del golpe

Autor/fuente:misionverdad.com  (04-02-2019)

La amnistía es un instrumento que prevé el derecho para asegurar la paz después de que un hecho traumático haya ocurrido, como lo sería una guerra.

En Venezuela, actualmente, se discute un documento propuesto por la oposición como un marco general para la impunidad futura de los actos que apoyen el golpe y que pretende anular, de manera general, los juzgamientos penales y administrativos que han ocurrido durante la Revolución Bolivariana. De este modo, se criminaliza el hecho de haber sido o ser chavista; haber sido o ser funcionario; al igual que se equiparan los 20 años de revolución a un período de conmoción nacional que habría que remendar.

Con este instrumento se confirma que parlamentarios de la Asamblea Nacional en desacato mantienen una actitud hostil y desconocen las interpretaciones pacíficas y jurisdiccionales de la Constitución de la República Bolivariana. Así, sobre la negación del principio de soberanía y las instituciones de justicia, adelantan maniobras para establecer las bases -con apariencia de legalidad- para acciones beligerantes proyectadas en el territorio desde el extranjero.

Una de ellas es un texto cuyo debate fue convocado refiriéndolo como decreto pero que apareció con el nombre de Ley de Amnistía y Garantías. El cual no es una ley ni se dictó siguiendo el procedimiento constitucional para otorgar amnistías, y tiene un contenido pensado para servir como patente de corso para los sujetos, individuales y colectivos, funcionarios o civiles, pero fundamentalmente militares y policías, que desarrollen desde su dictado acciones que sirvan para deponer al gobierno constitucionalmente electo de Nicolás Maduro Moros.

Sobre esto tenemos que considerar que dictar una amnistía es una competencia de la Asamblea Nacional contenida en el numeral 5 del artículo 187 de la Constitución Bolivariana. Así como que una amnistía es una ley de carácter excepcional que se dicta para perdonar los delitos cometidos cuando se producen cambios en el sistema político del Estado y en situaciones en las que se busca la reconciliación nacional tras guerras, revoluciones o gobiernos que toman el poder de forma no democrática.

En este sentido, como lo han señalado juristas de reconocida trayectoria en este país, las amnistías son leyes que se dictan después de que la situación de conmoción ha ocurrido para conquistar la paz. Lo que es el antónimo de lo que pretende la Asamblea Nacional, que es utilizarla para favorecer que ocurra en los próximos días una situación de conmoción, y quienes se suman lo hagan contando con la impunidad futura de sus actos.

En una publicación hecha en su cuenta de Twitter, la abogada constitucionalista Olga Álvarez añade que la amnistía es un recurso que otorga el vencedor al vencido, un espacio para la reconciliación donde se perdonan delitos políticos, siempre que estos no hayan violado los derechos humanos garantizados en la CRBV.


Ver imagen en Twitter

Abro hilo sobre el FRAUDE de la inconstitucional Amnistía que se pretende. Es una Admisión de los Hechos !

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Fijado el objetivo de esta manera, el contenido no deja de sorprender. Los hechos ya ocurridos a los que se refieren fueron objeto de la Ley de Amnistía que se dictó durante el gobierno del Comandante Chávez, u objeto de la Ley de Amnesia Criminal que fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De modo que la Asamblea Nacional declara nuevamente que desconoce todo el Derecho previo del país así como las decisiones judiciales.

Los hechos nuevos que incorpora son todos los cometidos por los implicados en las técnicas de golpe blando que ocurrieron durante 2017, denominadas guarimbas, que acabaron con la vida de una centena de personas y se centraron en la promoción de los delitos fútiles y los crímenes de odio.

Evidenciado como ha sido que la Asamblea Nacional está transformando el concepto de la legalidad y la legitimidad, cuando le quita su necesario sustento en la voluntad popular y en la correspondencia con normas superiores y previas, para desplazarlo considerando que es legítimo aquello que recibe apoyo del extranjero, es evidente que este documento pretende ser el paraguas con el que se cobijarán los actos futuros, en caso de que nuevamente no logren los objetivos que hoy se proponen.

Un escenario ideal sería la conformación de una célula paramilitar en el exterior financiada con recursos de Estados Unidos y apoyada técnicamente por fuerzas militares de la región alineadas con Occidente, que penetren la frontera y alcancen el dominio territorial venezolano. Entonces la "transición democrática" estaría consumada.

Por ello, el eje central es la insurrección militar, un campo en el que vienen trabajando públicamente desde principios del año 2018, cuando Mike Pompeo (en ese entonces funcionario de la CIA) reveló que había estudiado la composición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el objetivo de elaborar un informe al presidente Donald Trump para hacerse una imagen de la solidez que manifestaba el vínculo cívico-militar venezolano.

Después de aquella confesión, se agudizaron los eventos relacionados al sabotaje interno en la FANB, infiltrados a tiempo y sin el empuje necesario para lograr el cambio político.

Una de ellas fue la Operación Constitución, relatada en una publicación del medio financiero Bloomberg a mitad de año 2018, que agrupaba militares en la tarea de irrumpir en los comicios electorales del 20 de mayo para secuestrar al Presidente y enjuiciarlo.

Más adelante, el ex comandante Osawldo García Palomo (actor de la operación frustrada y del acto terrorista con drones) suministraría datos al respecto en el mismo portal, donde corrobora la gestión de alianzas con representantes de Brasil y Colombia. El propósito era generar falsos positivos en los límites fronterizos de Venezuela que causaran el caos y la violencia, justificando una intervención militar.

Ninguno de estos capítulos puede leerse separadamente. Hay una estrecha relación entre esas insurrecciones con las recientes invitaciones a desertar que, desde los altos mandos políticos, integrados por el asesor de Seguridad Nacional John Bolton y el secretario de Defensa Mike Pompeo, hasta los subordinados nacionales, hacen a la FANB.

Los precedentes permiten una mejor apreciación de la panorámica. Encajan en el proyecto de golpe militar, las faenas del brazo parlamentario opositor con la difusión de la Ley de Amnistía y la asignación de "incentivos judiciales" a aquellos que tomen parte en el proceso de reconstitución del poder que se menciona en la Ley del Estatuto de Transición.

En resumen, lo que se presenta como una ley y cuyo trámite de adopción no se ha terminado y puede presumirse que no se terminará, es un llamado abierto a los sectores castrenses a producir un golpe de Estado, lo que hoy se presenta bajo frases que los invitan a acompañar a la Asamblea Nacional o señalando que sólo faltan ellos para que las decisiones de ese grupo tengan vigencia práctica.

Podría que tengan, en ese supuesto, una vigencia: la que da la fuerza de los hechos, pero nunca obtendría la vigencia jurídica tan sólo por discutir un texto y porque algunos se convenzan de cumplirlo, porque la Constitución de la República Bolivariana lo señala claramente: sólo es ley lo que sanciona la Asamblea Nacional, promulga el Presidente de la República y publica la Imprenta Nacional.

Continuidad de otros documentos que le quieren dar marco legal al golpe, la ley promete impunidad a todos aquellos funcionarios y militares que se unan a la planificación de saboteos y actos terroristas que violen las normas y lleven al colapso interno del país.

Ahora, las propuestas parecen aterrizar de forma espontánea. Hace poco un conjunto de individuos con uniforme de "las fuerzas armadas venezolanas", supuestamente soldados exiliados en Perú, envió un comunicado donde reconocía a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela, y convocaba a todos los componentes militares a apoyar la transición y desconocer la autoridad presidencial de Nicolás Maduro.

Al igual que esto, vimos los hechos que sucedieron en Cotiza el lunes 21 de enero, así como la actividad convocada para el día 26 de enero por la oposición, que tenía como destino llevar el documento a cuerpos de la FANB que claramente rechazaron su contenido.

Este breve ensayo mediático no resultará en la fractura de la FANB, pero es preludio de los próximos escenarios que se abrirán con el marco normativo elaborado por legislativos de oposición.

La correcta lectura de ello en las agresiones continuadas sobre el país le permite al Estado y a su alto mando militar un margen de maniobra para pronosticar actividades irregulares y neutralizarlas antes de su ejecución.

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