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Violencia armada en Nicaragua: un producto importado

Autor/fuente:misionverdad.com  (01-07-2018)

Las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador, naciones ubicadas en lo que se conoce como el Triángulo Norte centroamericano, son el resultado de países alterados por el destino de repúblicas bananeras que Estados Unidos determinó en función de alimentar su estatus de superpotencia.

Durante los conflictos armados de los años 70 y 80, más de 1 millón de personas emigraron producto de las cruentas guerras en Centroamérica, donde Estados Unidos tuvo un papel clave en el financiamiento de grupos mercenarios; recordemos a los Contra, para evitar la llegada al poder, o la consolidación en el caso de Nicaragua, de gobiernos alternativos. Esa es la causa principal que determinaría el grueso de la historia contemporánea de Centroamérica, allí donde la violencia de los años 70 se une, en un mismo trayecto, en un mismo plan, con la terrible ola de violencia que actualmente azota a Nicaragua.

Volviendo a la emigración forzada. Los que tomaron como destino el norte del continente americano, obligados a la clandestinización, se formaron en las prácticas de crimen común, vandalismo y el narcotráfico como respuesta de sobrevivencia a la violencia cotidiana. En el año 1996 se implementó en Estados Unidos la deportación masiva de inmigrantes. Como consecuencia, 200 mil ciudadanos, la cuarta parte de ellos presos por estar relacionados a la cultura pandillera, fueron trasladados a Honduras, Guatemala y El Salvador.

Allí comienza la transnacionalización de las Maras, una de las formas sociales más famosas de un amplio espectro de criminalidad. Los grupos violentos absorvieron a las pandillas locales e importaron los códigos de un nivel de violencia criminal más organizado, con el aditivo de un flujo de armas adquiridas ilegalmente en los estados fronterizos de Estados Unidos.

En ese contexto, se ubica el triunfo y desarrollo de la revolución sandinista, que enfrenta su propia condición, o fatalidad, según se vea, a nivel geopolítico: estar en el corredor de tráfico de drogas que viaja desde los Andes con destino a los grandes mercados de las urbes norteamericanas. El enfoque ideológico con que Nicaragua aborda la penetración de bandas criminales es contrastable con las soluciones presionadas por la Agencia de Control de Drogas (DEA) y aplicadas en los países del Triángulo Norte, diezmado por el MS-13 y el M18.

El Estado nicaragüense ha confrontado a pandillas locales menos violentas, a través de una articulación entre las fuerzas de seguridad nacional y la ciudadanía, conformando grupos de vigilancia comunitaria y logrando la identificación y desmovilización temprana de agentes del caos en barrios y localidades, con el fin de desescalar la violencia en el país. El resultado es tan evidente que ni organizaciones mundiales han podido negar la excepcionalidad con sus vecinos fronterizos: Nicaragua es conocido como el país más seguro del planeta.

Sin embargo, el fortalecimiento de las Maras en las débiles estructuras estatales del Triángulo Norte, que se profesionalizaron, expandiendo su participación a actividades de extorsión, crimen organizado y el tráfico de drogas y personas, ha intensificado en el país la importación de células ligadas al pandillaje regional. Lugareños de Soto y San Lucas, poblaciones fronterizas con Honduras, sufren la intervención de estas bandas en su cotidianidad.

El arresto en 2017 de Sergio Umaña, presunto líder del MS-13, acusado de lavado de dinero y tráfico internacional de drogas, es el antecedente más destacado de una serie de detenciones en departamentos fronterizos de Nicaragua que confirman la adquisición de propiedades y recursos logísticos, así como las intensiones de establecer células de la organización en ese país.

Torturas, incendios y asesinatos: emulación de células paramilitares
Ahora, con el surgimiento de las manifestaciones aparentemente pacíficas en abril de 2018, utilizando el modelo de revolución de color como línea de acción para forzar un cambio de régimen, se fija el enlace de los operadores intelectuales con grupos paramilitares que escalen el conflicto a un nivel mayor de violencia política. Mientras que toman y aseguran territorios valiéndose del caos, la campaña mediática inicial de cubrir con el manto cívico a los grupos violentos blanquea a los involucrados en los hechos y se los adjudican al gobierno de Daniel Ortega.

En Venezuela, por ejemplo, el plan de golpe de color se gestionó con el apoyo del paramilitarismo colombiano, sobre todo en los puntos candentes de la guarimba en los estados fronterizos como Táchira y Zulia. En Nicaragua, son las pandillas y Maras constituidas en los países vecinos las que acuden al llamado de los intereses transnacionales. Justamente es su forma de operar, la que sugiere su autoría en el rastro de horror de las más de 170 víctimas fatales que ha saldado la guerra irregular en curso.

Las similitudes en las formas de actuar de las agrupaciones criminales en el desarrollo del conflicto nicaragüense y las células pandilleras en regiones fronterizas, se observan en el uso de asesinatos selectivos, la extorsión, saqueos de negocios, control de las vías de comunicación y extorsión a la ciudadanía. El modus operandi que los indentifica.

Las denuncias hechas desde la cuenta de Twitter de la periodista Madelein García, son testimonios de las formas de tortura que grupos violentos utilizan para inflingir daño en la población.
Secuestrar y amordazar a las víctimas para golpearlas, amenazarlas de muerte y grabar las acciones que luego difunden en redes sociales, evocan las tácticas de terror que bandas paramilitares aplican en otros países. A finales del año pasado, miembros del MS-13 grabaron y luego publicaron en redes sociales la tortura y posterior asesinato de una menor de edad, un caso que no sólo impactó a la opinión pública sino que sirvió de propaganda para que el MS-13 se proyectara por encima de la capacidad policial de la autoridades salvadoreñas.

En distintos departamentos, que sufren el acoso de estos agentes ajenos a la comunidad, han delatado a estos grupos que, con la indulgencia de representantes de la oposición política, organismos no gubernamentales y la Iglesia católica, toman control de las vías de comunicación, imponen un estado de sitio, saquean negocios pequeños y extorsionan a los habitantes.
En León, departamento noroccidental de Nicaragua, ha registrado presencia de grupos encapuchados y armados, que aparecen en las protestas convocadas y abren fuego contra los manifestantes.

La imposición de los paros nacionales como medida de presión fue una estrategia empleada por las pandillas en 2015 contra el gobierno salvadoreño, que obligó a un paro de transporte, amenazando con matar a cualquiera que los desafiara. Asimismo ha funcionado en Nicaragua los llamados a trancar las calles y armar barricadas. En Madriz, el FSLN denuncia que actores extremistas y asociados a la dirigencia opositora han amenazado y extorsionado a la población con armas de fuego ante la negativa de sumarse a las barricadas para paralizar al país.

La intimidación, incorporando lenguaje de guerra en el entorno de los nicaragüenses, se ejecuta en la insercción en el territorio de estos ejércitos no regulares abocados al cambio del poder político.
Producir confusión entre atacantes y detonantes del conflicto también es parte de las tareas del paramilitarismo en la municipalidad de Yalaguina. Detuvieron a tres hombres armados que merodeaban un tranque realizado por opositores, uno de ellos de nacionalidad hondureña y que posiblemente está relacionado a la Mara en su país.

El asesinato selectivo de personas que alimenten la confrontación de los grupos opositores y el desprestigio de los procesos de diálogo convocados por el Estado nicaragüense se alternan con el mantenimiento del vandalismo interno que contenga, por medio de la instauración del terror, a la organización de las comunidades que han reestablecido la normalidad en sus localidades.

Es el caso de Mayasa, departamento del oeste que estuvo bajo asedio de las bandas armadas durante dos meses, y que hoy, liberadas de estas, relatan los vecinos del sitio.
Los focos de violencia, mayores en las regiones centrales y del norte del país, aumentaron vertiginosamente en el mes de junio, con un incremento en los sicariatos a miembros de los cuerpos de seguridad, dirigentes de movimientos políticos, instituciones públicas y organizaciones sociales, así como en los casos de incendios a hogares, escuelas y centros hospitalarios.

El cénit de los ataques se concentró en el este de la capital de Managua, cuando en un mismo día se registró el fallecimiento de 7 personas, entre ellas dos menores de edad, producto del incendio de una vivienda familiar causado en la madrugada del 16 de junio por grupos violentos, y el asesinato durante el día de Francisco Ramón Araúz Pineda y Antonio Fernández, que intentaban atravesar una barricada.

Araúz fue, además, incinerado por los terroristas mientras grababan la acción. Al 21 de junio, el Cuerpo de Bomberos Unificados, contabilizaba en 54 los incendios estructurales, 30 de ellos provocados por vándalos encapuchados.

Intereses bajo cuerda en el escenario internacional
Los medios privados, que conduce los eventos a la victimización de los operadores violentos, difundiendo acusaciones sin pruebas claras y aprovechándose de la fatalidad terrorista, apela a la ignorancia de sus espectadores internacionales para posicionar la narrativa de la violación de derechos humanos en el país por parte de las instituciones gubernamentales. Pero la mínima inmersión a la cadena de eventos que deterioraron a una región ejemplar en el área de seguridad nacional, hace imposible asociar al gobierno que dirigió las políticas para aislar la criminalización del país que Estados Unidos impuso en Centroamérica.

Ese estado de horror permanente, que en Nicaragua abre paréntesis a la normalidad que movimientos sociales sandinistas iniciaron en la década de los 90 en su territorio, es el azote diario de las naciones que la bordean, y que propagandistas de la democracia occidental omiten.

La violencia política de los 70 y 80 se transformó en la violencia criminal de las pandillas bajo el amparo o el desinterés de sectores corrompidos de los Estados. 52 asesinatos en un solo día fue la cifra más letal de El Salvador en 2015. 7 mil 172 homicidios fueron el saldo anual de 2012 en Honduras. Un día histórico para Guatemala, que tiene una tasa de 75 homicidios por cada 100 mil habitantes (el triple que el promedio anual de la región), es que pasen 24 horas sin que ocurra ningún asesinato. Transferir la configuración criminal de este triángulo, para contribuir al derrocamiento de Daniel Ortega, es cuestión de financiamiento a los vasallos adecuados.

Vuelven a la memoria Siria y Libia, remotas en distancia, pero cercanas en las intenciones del poder fáctico por desmantelar a los Estados de los países periféricos, un proyecto político que no conoce de fronteras y que se adapta a las características territoriales y culturales del sitio al que ataca. Las fichas, llámese Estado Islámico o Mara Salvatrucha, construidas en zonas balcanizadas, son funcionales a la caotización de territorios y tienen el potencial para fungir como actores no estatales en la pretenciones cada vez más urgentes, y menos eficaces, del orden mundial occidental por instaurar un estado de excepción global.

Justamente, con la deportación masiva de los años 90, el sincretismo con la violencia criminal en Estados Unidos, la mega plaza del narcotráfico que se consolidaba en Los Ángeles con su respectivo cordón umbilical en Centroamérica y la transformación del centroamericano precarizado por el conflicto armado en un obrero de la industria del narcotráfico, se sentaron los pilares para descabezar, en el momento indicado, a los países que aún se resisten a ser una maquila o que coloquen diques a las rutas del narcotráfico del cual depende Estados Unidos, tanto su gobierno como su enferma y destruida población.

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